Y es que no es para menos. Las presiones de lo que últimamente se llama "mercados" y las actuaciones de instituciones no democráticas como el FMI o el BCE, sumadas a las medidas de gobiernos derechosos bien asesorados por directivos millonarios de grandes corporaciones financieras, por no hablar de las valoraciones mercenarias de las podridas agencias de rating, están poniendo en cuestión las bases mismas del Estado del Bienestar, o lo que es lo mismo, el contrato social que permitió al capitalismo operar en las sociedades europeas. En el caso español, ese acuerdo quedó reflejado en la Constitución que, junto al reconocimiento del derecho de propiedad o la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, contempla el derecho al trabajo, el derecho a pertenecer a sindicatos, la función social de la propiedad, la contribución en igualdad y progresividad al sostenimiento de los gastos públicos, o los derechos a la salud, a la educación o a la protección social.
Dicho de otro modo, si por una de las partes se ponen en cuestión las contrapartidas que ese libre funcionamiento del capitalismo tenía, es el caso del linchamiento de los sindicatos al que hemos asistido en las últimas semanas, por la otra también estaremos en nuestro derecho de plantear la limitación de, por ejemplo, la libertad de actuación de las empresas capitalistas.
Pero avanzando un paso más, es obvio que la interrelación entre ciudadanía, Estado (del Bienestar) y complejo empresarial es tan grande que nadie puede obviarla. Y puestos a pensar, quizás no seamos capaces de determinar qué fue antes si el huevo o la gallina. Pongamos que el Estado impulsa, con los recursos que le aporta la ciudadanía, un polígono industrial en el que una empresa desarrolla su labor; para lo que contrata a ciudadanos/as a los que paga por su trabajo; que a su vez entregan parte de esos ingresos al Estado en forma de impuestos para que éste mantenga centros educativos en los que se forman los futuros empleados de la empresa y construya carreteras por las que se puedan transportar los productos que la misma quiere vender; productos que son adquiridos por ciudadanos/as que aportan su dinero a la empresa para que ésta pague los salarios, realice nuevas inversiones, pague las cuotas de la SS... y así sucesivamente. Todo esto puede funcionar razonablemente bien si operan los instrumentos de equilibrio necesarios, llámense impuestos, sindicatos, cobertura de desempleo, pensiones, etc. Pero si estos elementos son eliminados o reducidos significativamente o se impide su funcionamiento equilibrador, lo que se se está poniendo en cuestión es el acuerdo de base.
No quiero con lo dicho hasta ahora que se entienda que estoy cerrado a avanzar. No. Lo demostraré a continuación. Pero lo que no estoy dispuesto a aceptar es que mientras desde un lado de los contratantes cumplimos nuestra parte del acuerdo, desde el otro se incumpla lo que les corresponde.
Un paso más. A estas alturas de la película creo que somos muchos/as, incluso los más estatalistas, los/as convencidos/as de que la iniciativa de las personas (lo que incorrectamente se ha llamado iniciativa privada) es algo que conviene incentivar. Y esto por dos motivos: porque es un elemento dinamizador de la sociedad y de la economía, y porque su ejercicio sirve a las personas para ser felices... que no es poco.
Por otro lado, la separación entre capital y trabajo, que hoy pervive inexplicablemente a pesar de los cambios que se han dado en las empresas, tiene cada vez menos sentido. ¡Qué mejor manera tienen los capitalistas de conseguir la involucración que necesitan de "los/as trabajadores/as pensantes", que cada vez son más, que compartir con ellos/as los riesgos y los resultados de los esfuerzos realizados por ambas partes! Esto, a su vez, animará la capacidad de iniciativa.
Asimismo, pienso que el reforzamiento de la economía productiva frente a la economía especulativa es otro de los elementos que deberíamos considerar seriamente en el futuro.
Y por fin,, sigo pensando que el Estado debe jugar un papel relevante, no sólo en la cobertura de las necesidades de quienes se vean afectados por desequilibrios en el sistema sino especialmente como elemento dinamizador de la sociedad y de la economía. En este sentido creo que el modelo de Estado asistencialista que se ha impulsado en las últimas décadas ha sido nefasto. Cheques-regalo, reducciones de impuestos sin fundamento, etc... no han servido más que para desmovilizar a la población y llevar a mínimos la capacidad de iniciativa. Por el contrario, el Estado debe dedicar sus recursos y esfuerzos a promover las condiciones que permitan a los/as ciudadanos/as y entidades empresariales y sociales desarrollar actividades innovadoras, creativas y enriquecedoras, en el sentido más amplio de la palabra. Por cierto, para hacer esa labor el Estado necesitará instrumentos operativos, no sólo subvenciones.
A ello habría que añadir, quizás tendría que haber empezado por ahí, los valores que deben sustentar a toda sociedad y que, nombrados de una u otra forma, no son otros que la libertad, la igualdad-equidad, la justicia y la fraternidad-solidaridad.
Éstas creo que podrían ser las bases de un nuevo modelo o, si se quiere, de un nuevo acuerdo social que sustituya al todavía vigente. Pero, mientras esto llega, que llegará, debemos exigir a todos/as respeto por las normas e instituciones de las que nos hemos dotado.
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