martes, 15 de octubre de 2019

Reflexión suscitada por el afán de algunos políticos por eliminar el impuesto de sucesiones


En primer lugar, tengo que decir que no entiendo el empeño de algunos/as por dejar herencia a sus hijos/as en lugar de gastarse en vida las ganancias que hayan podido acumular.

Pero es que, además, los/as hijos/as de personas emprendedoras, esforzadas, ahorradoras y socialmente útiles, no tienen por qué haber heredado esas cualidades de sus progenitores. Entonces, ¿por qué la sociedad tiene que otorgarles tanta diferencia en la posición de partida? ¿Solo por una cuestión de sangre? ¿No habrá otros/as jóvenes que puedan hacer un uso socialmente más rentable de esos bienes que los/as herederos/as de sangre?

Alguien me dirá que por qué la sociedad tiene que jugar un papel en el momento de la sucesión y no se deja en manos de los individuos que decidan lo que más les plazca. Pues muy sencillo: porque no vivimos en una sociedad de la Edad Media, en donde las posesiones pasaban de padres a hijos/as sin más y se garantizaba así el mantenimiento del poder familiar a lo largo del tiempo. Vivimos en una sociedad que pretende, al menos sobre el papel, la igualdad de oportunidades. Y vivimos en una sociedad cuya Constitución mantiene un equilibrio razonable entre el derecho de propiedad (y de herencia) y su función social. Una Constitución en la que, a pesar de que algunos/as no quieran leerlos, encontramos artículos como éste (artículo 128 de la CE): “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. Lógicamente, y como no podía ser de otro modo, otros artículos establecen cómo el Estado puede hacer uso de esa potestad respetando a la vez la propiedad privada. En definitiva, la Constitución refleja un equilibrio entre diferentes formas de pensar y de vivir que no podemos olvidar quedándonos solo con una parte. Y si alguien quiere quedarse solo con una parte, tiene dos opciones: cambiar la Constitución o cambiarse de país.

Por otro lado, la Constitución define el carácter que debe tener la recaudación de impuestos, que será justa, igualitaria, progresiva y no confiscatoria. Son principios razonables que deben aplicar a quien obtiene ganancias con su trabajo o con la inversión del capital que haya ido generando a lo largo de su vida, pero deducir de ahí que la sociedad debe permitir que los/as herederos/as disfruten de la totalidad o una gran parte de la fortuna que hayan amasado sus progenitores es mucho decir, al menos a la vista de lo que está escrito en la Constitución. Casi con seguridad, esos/as herederos/as ya se han beneficiado en vida del/de la fallecido/a de las ganancias acumuladas por éste/a. ¿Por qué deben seguir beneficiándose de las mismas después de su muerte? O, dicho de otro modo, ¿qué han hecho esas personas para merecerse que la sociedad se olvide de todo lo que ha aportado a la generación de esa fortuna que reciben: infraestructuras, educación, sanidad, etc.? En el caso de quien ha generado la fortuna, está claro: la sociedad accede a cederle la parte que queda, una vez descontados los impuestos, reconociendo así su contribución al bien común, pero, en el caso de los/as herederos/as, ¿qué merecimientos pueden aducir?

A todo esto habría que añadir un aspecto coyuntural: la desigualdad está creciendo en los últimos años de forma muy significativa, por lo que plantearse en estos momentos modificar a la baja o eliminar el impuesto de sucesiones no parece lo más adecuado. Porque si algo está claro es que la eliminación de este tipo de impuestos (esto vale también para el impuesto del patrimonio) beneficia a las capas más ricas de la sociedad, por mucho que nos quieran vender lo contrario. En este momento en Bizkaia existe un mínimo exento de 400.000 euros por sucesor, a mi modo de ver incluso excesivamente generoso. Por lo tanto, si se eliminara el impuesto de sucesiones únicamente dejarían de pagar las personas más ricas, lo que redundaría en menores ingresos para la hacienda y, por tanto, menos servicios para la población. O sea, las administraciones públicas tendrían menor capacidad para desarrollar su función redistributiva.

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